Este decreto publicado el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, tiene por objetivo fortalecer la protección de los derechos de autor y de propiedad industrial.
Actualiza las sanciones y establece nuevos criterios para determinar la existencia de actividades realizadas a escala comercial.
Los puntos finos los comentamos a continuacion:
1. Delitos en materia de derechos de autor (Artículos 424 al 434 del Código Penal Federal)
Se amplían los supuestos de responsabilidad penal relacionados con la reproducción, distribución y comercialización no autorizada de obras protegidas, así como la elusión de medidas tecnológicas de protección y la alteración de información sobre gestión de derechos.
Destaca la incorporación de sanciones de cuatro a diez años de prisión y de dos mil a veinte mil días multa por divulgar o distribuir obras protegidas antes de su lanzamiento oficial o primera puesta a disposición autorizada en México.
2. Definición de escala comercial (Artículo 430 del Código Penal Federal y 406 Ter de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial)
Se establece que las actividades realizadas a escala comercial comprenden tanto aquellas que persiguen un beneficio económico como las que ocasionan un perjuicio significativo a los titulares de derechos.
Para determinar dicha condición, se establece un umbral igual o superior a 170 UMA. Asimismo, podrán acumularse operaciones realizadas durante un periodo de hasta 90 días naturales cuando exista vinculación entre remitentes, destinatarios, domicilios de entrega o redes de distribución.
3. Falsificación de marcas y uso indebido de identidad institucional (Artículos 402, 403 Bis y 404 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial)
Se fortalecen las sanciones por falsificación, producción, almacenamiento, transporte, importación, distribución y comercialización de productos que ostenten marcas falsificadas.
Adicionalmente, se incorpora como delito el uso, reproducción o imitación, a escala comercial, de identidades gráficas, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas, con la finalidad de inducir al error o engaño para cometer un ilícito. Esta conducta podrá sancionarse con uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil UMA.
4. Reparación del daño y persecución de delitos
Se establece que la reparación del daño no podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio legítimo involucrado. También se contempla una cantidad resarcitoria de entre 340 y 50,000 UMA, a elección de la víctima u ofendido.
Asimismo, se establece que los delitos en materia de derechos de autor serán perseguidos de oficio, salvo las excepciones expresamente previstas en el Código Penal Federal. En materia de propiedad industrial, determinadas conductas relacionadas con falsificación de marcas también serán perseguidas de oficio.
5. Operaciones de comercio exterior
Las disposiciones se hacen extensivas a mercancías sujetas a control aduanero, incluyendo aquellas en tránsito, transbordo, zonas de libre comercio y bajo el régimen de depósito fiscal en almacenes generales de depósito.
Las modificaciones representan un fortalecimiento del marco sancionador en materia de propiedad intelectual, por lo que resulta pertinente que las empresas revisen sus controles internos respecto del uso de software, marcas, contenidos digitales, licencias y demás activos protegidos.
Asi las cosas, deberán considerarse los riesgos relacionados con la adquisición, importación y comercialización de productos que puedan involucrar marcas falsificadas, así como la documentación que acredite la titularidad o autorización de uso de derechos de terceros.
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