La senadora Rocío Abreu presentó el pasado 31 de Agosto ante el Senado una iniciativa para modificar el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, que entre algunos puntos estratégicos para lograr su objetivo es incrementar de cinco a ocho años la pena mínima de prisión y de ocho a 10 años la sanción máxima de cárcel, por venta incompleta de combustibles.
La iniciativa es francamente agresiva por el tratamiento que pretenden darle, al imponer como sanción la revocación del permiso respectivo, y, en su caso, la disolución y la liquidación de la sociedad, así como el decomiso de activos.
El procedimiento para obtener los resultados esperados y que ya sido cuantificado a través de un estudio que realizo la Cámara de Diputados señala que, el producto no entregado a los consumidores en las estaciones de servicio alcanza un millón 736,000 litros, lo que equivale a 34 millones 477,000 pesos diarios, y van con todo contra el grupo gasolinero del país a través de los operativos que hará la Procuraduría Federal del Consumidor de manera trimestral a los instrumentos de medición en estaciones de servicio.
Lo que no han señalado la Secretaria de Energía, y seguramente a la senadora no le importa es el COSTO que representa para el sector gasolinero la adquisición de la actualización del hardware y software con las que se despachan gasolinas y diésel, y aquí es donde debería entrar el SAT en un intento de apoyo fiscal, permitiendo la deducción inmediata de esta INVERSION.
¿Qué pasaría si el sector gasolinero se uniera e hiciera un paro nacional de un día, o los que sean necesarios para sentarse a la mesa a dialogar hasta obtener un estímulo fiscal? porque ante la imposición de un monto considerable de inversión, deben considerar un tratamiento fiscal especial como la deducción inmediata de los activos fijos y diferidos que con la entrada de la nueva norma están obligados a adquirir.